En su reunión con los miembros del Consejo Supremo de los Órganos Judiciales de la Gran Jamahiriya, el Líder de la Revolución pronunció un importante discurso. En él, instó al pueblo libio a anular todos los tribunales excepcionales, tales como el Tribunal Popular Especial. También instó al pueblo a derogar las leyes penales promulgadas por el Consejo del Comando Revolucionario antes de que se estableciera la soberanía de las masas, y a retornar al código penal normal y a los procedimientos penales normales.

También exigió que se llevara a cabo con prontitud una investigación definitiva del caso de la prisión de Abu Selim. Instó a que se pusiera fin a toda acción tal como los arrestos efectuados sin orden judicial y los castigos extrajudiciales, en caso de que existieran.

Dijo que a ningún detenido ni preso se le debería denegar el derecho de ver a su familia o de reunirse con su abogado. Todo detenido o preso, hombre o mujer, debe tener el derecho de elegir a su propio defensor entre los que no integran el Consejo Popular. Los presos deben seguir teniendo derecho a las visitas familiares fuera de la prisión en ocasiones sociales especiales.

El Líder de la Revolución instó al pueblo libio a ratificar con prontitud las convenciones contra la tortura. Deploró enérgicamente la conducta de los gobiernos que no lo han hecho. Condenó a los países que oprimen a los detenidos y a los que permiten que las fuerzas policiales o las autoridades carcelarias cometan actos de esa índole con impunidad.

El Líder expresó su sincero pesar ante el hecho de que algunos gobiernos cometan actos de esa índole contra sus propios ciudadanos y también contra extranjeros. Esa triste realidad fue subrayada en los informes de Amnistía Internacional que presentó ante quienes participaron en la reunión. Instó a los Comités de Justicia Popular de Libia a cooperar con Amnistía Internacional y con otras organizaciones de derechos humanos. Encomió los esfuerzos que realizan esas organizaciones. Exigió que Libia, por ser el primer Estado de masas del mundo, desempeñe un papel pionero en el plano mundial en defensa de los derechos humanos.

En su discurso se mencionó lo siguiente:

En nombre de Dios.

Al reunirme con este grupo selecto de juristas de la Jamahiriya, mi propósito es abordar algunos temas que requieren reflexión. En los primeros días de la Revolución, se adoptaron algunas leyes para responder a las necesidades imperantes en esa etapa. Todos los políticos y juristas son conscientes de que una revolución debe ir acompañada de algunas medidas drásticas. Estas medidas deben tener una duración limitada y un carácter excepcional, como la legislación que se adopta en tiempos de guerra. Dichas medidas no pueden ser permanentes, porque si lo fuesen constituirían una denegación de la justicia. Hay que reexaminarlas. Teníamos la esperanza de que, con su revolución, Libia se convirtiera en un modelo de libertad, de democracia popular, y de Estado libre de la opresión y de la injusticia. No obstante, con las medidas que mencioné anteriormente, Libia se convirtió en otro Estado convencional, e incluso en un Estado dictatorial o policial. Esto es profundamente lamentable. No somos así ni queremos ser así.

Sucede que estamos en el Tercer Mundo, en una región a la que se considera atrasada. Al mundo le resultó difícil distinguir entre lo que sucedió aquí y cualquier otro golpe de Estado, como los que tuvieron lugar en el Sudán, el Iraq, Malí, Indonesia o la Argentina. Todos los hechos del año anterior fueron puramente superficiales. Trajeron consigo todo tipo de opresión y de injusticia. Esto es perfectamente normal, porque los generales llevan a cabo ese tipo de acciones en esos países. Para nosotros, sería injusto que Libia figurara en esa lista. No somos generales que encabezaron un golpe de Estado. Encabezamos una revolución popular, para lo cual utilizamos el ejército.

Esto quiere decir que teníamos una doctrina y una ideología. La Revolución libia tuvo la intención de corregir los hechos que ocurrían en el Tercer Mundo. Sí, hubo una acción militar, acompañada de algunas injusticias. Pese a ello, muy pronto el poder volvió al pueblo. Se crearon los Comités Populares, que presentaron sus proyectos de ley y sus políticas ante las Conferencias Populares. Nosotros, los líderes de la Revolución, vemos cómo el pueblo crea sus propios comités y entidades, que se ocupan de dirigir las actividades de la sociedad de masas. No hay manera de que podamos promulgar una ley que contraviene la voluntad del pueblo. Pero, de alguna manera, algunas de las medidas que supuestamente iban a ser temporarias permanecieron con nosotros. Por ejemplo, al comenzar la Revolución se creó el Tribunal Popular. En todos los países del Tercer Mundo, cuando hay una revolución o un golpe, se crea un tribunal denominado “Tribunal de la Revolución”. Sus jueces son militares y generales. Eso es lo que ocurrió en Siria, en el Iraq e incluso en Egipto cuando comenzó la revolución. Para nosotros, ni siquiera el nombre resultaría aceptable. Como dijimos, nuestro movimiento tuvo el objetivo de corregir los hechos que tenían lugar en otros países del Tercer Mundo. Llamamos a ese tribunal el “Tribunal Popular”, porque la Revolución fue una revolución popular. El Tribunal Popular estaba integrado por un militar, un integrante de la policía, un miembro del clero, y un jurista civil. Podríamos haberlo integrado con oficiales jóvenes, como ocurría con todos los tribunales de esa índole del Tercer Mundo. Pero su composición tenía el objetivo de asegurar que fuese un Tribunal Popular. De todos modos, ese tribunal nos siguió acompañando hasta el año 2000. Eso no debería haber sido así. ¿Por qué deberíamos tener un tribunal especial cuando no estamos en estado de guerra, anarquía o levantamiento? Las organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional abordan esta cuestión, y tienen motivos para hacerlo. El estatuto del Tribunal fue enmendado cuatro veces. Esto demuestra que ya no es apto para la nueva etapa.

El Tribunal Popular tenía la tarea de enjuiciar a los funcionarios de la monarquía que habían ejercido el poder antes de la Revolución. Después de esos juicios, el Tribunal debería haber dejado de existir. Lamentablemente, no fue así. Comenzamos a enmendarlo y a otorgarle facultades adicionales. Me sorprendió muchísimo ver que alguien que había vendido su granja debió comparecer ante el Tribunal Popular. ¿Por qué? Porque el Estado le había dado la granja y venderla constituía una violación de la ley. Otra persona chocó con su vehículo contra un poste de alumbrado, ¡y también debió comparecer ante el Tribunal Popular! Supuestamente, porque el poste de alumbrado es propiedad pública y chocar contra él constituye una violación de la ley. Esto es una farsa. Es ridículo. ¿Es posible que se le haya pedido al Tribunal Popular que examinara esas nimiedades? Su estatuto fue modificado cuatro veces a fin de que pudiese ocuparse de esos nuevos casos, que no están dentro de su jurisdicción. Espero que ustedes elaboren un proyecto de ley para presentar ante la Conferencia Popular por el que se ponga fin a la existencia del Tribunal Popular. Su mandato y su jurisdicción deben ser transferidos a tribunales ordinarios.

No somos los Estados Unidos. Ellos dicen que fueron sometidos a un ataque terrorista. Promulgaron leyes especiales, crearon tribunales especiales, volvieron a establecer un ministerio del interior, tienen Guantánamo y tienen medidas extrajudiciales. Dicen: “Estamos en una guerra mundial contra el terrorismo; por lo tanto, tenemos que contar con medidas especiales”. Nosotros no somos como los Estados Unidos. No estamos en guerra. No necesitamos medidas especiales para hacer frente a un enemigo exterior o para triunfar en una guerra. ¿Por qué tenemos que tener esas medidas especiales en un país calmo y estable como el nuestro? No hay luchas por el poder en nuestro país. El poder está en manos del pueblo. Nuestros hombres y mujeres elaboran las leyes, toman las decisiones, determinan las políticas del país y establecen su presupuesto. No tenemos guerras civiles. No tenemos guerras externas. No tenemos luchas por el poder. Nuestra sociedad es homogénea desde el punto de vista lingüístico, religioso y étnico. Es una bendición de Dios que tengamos una sociedad tan calma, estable y satisfecha. ¿Por qué tendríamos que recurrir a medidas excepcionales? ¿Porque China lo hizo? ¿Porque el Iraq lo hizo? ¿Porque Siria lo hizo? ¿Porque vaya a saber quién lo hizo? Ellos tienen sus propios problemas. Los Estados Unidos lo hicieron, y también Gran Bretaña, porque están en estado de guerra. Están asustados y aterrorizados. Ese temor hace que ante la menor emergencia reaccionen de manera excesiva y recurran a medidas excepcionales. Nosotros no estamos en esa situación. Aunque los Estados Unidos promulguen todo tipo de medidas excepcionales, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Cada sociedad tiene sus propias circunstancias. Nosotros somos una sociedad coherente, estable y calma que no tiene absolutamente ningún problema. ¿Por qué deberíamos recurrir a medidas excepcionales? ¿Simplemente por imitación? Hace mucho tiempo la gente decía en broma que los comunistas árabes salían con paraguas en Adén cuando nevaba en Moscú. ¡Porque los comunistas imitaban lo que ocurría en Rusia, aunque nunca en su vida hubiesen visto nieve!

Lo que tengo que decir es que el Tribunal Popular ya no es necesario. Debería haber dejado de existir. Valoramos los esfuerzos de sus fundadores, y los esfuerzos que realizó para llevar ante la justicia a quienes habían explotado al pueblo libio desde 1951 hasta 1969. Deberíamos iniciar una etapa normal, con procedimientos normales. En 1969, el Consejo del Comando Revolucionario aprobó la ley sobre la protección de la Revolución. Eso se justificaba en aquel momento. Hoy, después de haber establecido el poder popular, ya no podemos seguir hablando de la defensa de la Revolución. Sólo podemos hablar sobre la protección del poder popular y sobre el mantenimiento del sistema de masas que constituye la base de nuestro Estado. La ley fue necesaria en el momento en que se la aprobó. Las cosas fueron cambiando de manera impredecible. Supo haber cinco bases militares estadounidenses y varias bases británicas. Cirenaica estaba completamente ocupada por los británicos. Había veinte mil colonos italianos que controlaban toda la actividad económica de Libia. Los resabios del antiguo régimen seguían activos dentro y fuera del país. Era posible que todos ellos conspiraran contra la Revolución. Por lo tanto, fue necesario adoptar una ley sobre la protección de la Revolución en la que se estipularan severos castigos ante cualquier intento contra la Revolución. Después de un lapso, Libia logró la independencia y puso fin al colonialismo militar y económico. El Consejo del Comando Revolucionario dejó de existir. Fue reemplazado por el poder popular. La república fue reemplazada por la Jamahiriya. Ya no hay justificación para que exista esa ley o para que sigamos invocándola. Hay otras leyes que deberían ser suficientes para proteger nuestro sistema de democracia popular directa sin tener que recurrir a medidas especiales o excepcionales.

La creación del Tribunal Popular llevó a la creación de la oficina del fiscal especial para la seguridad de la Revolución. Ahora tenemos un sistema de tribunales ordinarios y fiscalías ordinarias; entonces, ¿por qué necesitamos seguir teniendo esa oficina especial? En la época de la Revolución podríamos no haber promulgado ninguna ley especial ni haber dispuesto castigos especiales. Se habría podido suponer que las leyes anteriores habían caducado con la llegada de la era revolucionaria. Podríamos haber gobernado el país sin esas leyes. No obstante, me pareció que teníamos que promulgar una ley para proteger a la Revolución y un nuevo estatuto. Por su naturaleza misma, las medidas especiales crean temor y generan opresión. Todos los países del Tercer Mundo que crearon tribunales especiales o tribunales militares y promulgaron leyes opresivas no se libraron de conflictos ni de rebeliones. Nunca pudieron lograr la estabilidad. Esas leyes no les brindaron la solución. La solución real radica en un cambio en el carácter del pueblo y de la sociedad. Normalmente, en toda sociedad existe una lucha por el poder, ya sea entre personas, partidos políticos, tribus, familias o clases sociales. La solución no se encuentra en las leyes. Para lograr una solución radical del problema es necesario poner fin a la lucha por el poder. No hay que asustar a los que luchan por él. La lucha por el poder llega a su fin cuando todo el pueblo ejerce el poder, tal como sucede ahora en Libia. Todos los hombres y mujeres adultos de Libia ejercen el poder, y por lo tanto no existe la lucha por el poder. Quienquiera que tenga una opinión puede expresarla en los Congresos Populares y puede tratar de persuadir a otros al respecto. La Oficina del Fiscal Especial ya no es necesaria.

Hay otra ley por la que se tipifica el partidismo como delito. No existe ninguna objeción a la idea propiamente dicha. Mi objeción personal apunta a las severas penas que figuran en esa ley. También hay que señalar el hecho de que con la creación del poder popular ya no podría tener lugar ningún acto de esa índole. Si alguien sugiere la creación de un partido político, ¿qué utilidad tendría esa idea? Nadie se sumaría a ese partido en un país en el que el pueblo rige sus propios asuntos a través de una democracia directa. Los partidos y el partidismo son totalmente anacrónicos. Son piezas de museo.

Esta es la era de las masas. El mundo está lleno de partidos que jamás han solucionado los problemas de sus respectivas sociedades. Si creo un partido, la gente va a pensar que mi idea responde sencillamente a la avidez de poder y de riqueza. La gente se preguntaría si debería votar por nosotros para que podamos gobernarlos y monopolizar el poder y el dinero.

En cualquier país el partido gobernante beneficia únicamente a sus miembros. Incluso dentro del propio partido, los miembros acusan al comité central de usurpar el poder del partido, de monopolizar sus fondos y de no tener en absoluto en cuenta a los miembros del partido. A su vez, el comité central acusa al politburó de ejercer la dictadura y el monopolio. En última instancia, entonces, el partido está integrado por no más de cinco personas que son los miembros del politburó. Incluso el propio politburó suele acusar al presidente del partido de ejercer la dictadura y de no tener en cuenta al politburó. Esto es lo que ocurrió con Brezhnev, Gorbachev y Suharto. Entonces, ¿de qué partidos están hablando?

Los partidos no hacen nada. Cuando la gente tiene quejas, sale a la calle, y los miembros de los partidos no aparecen por ninguna parte. La gente que se opuso a la guerra en el Iraq, los desempleados y los pobres salen a las calles y realizan manifestaciones. La violencia se esparce, y los partidos no hacen nada. La gente no va a crear un partido en esta era. Nuestro pueblo ejerce el poder por sí mismo. ¿Por qué va a dejar el poder en manos de un partido o de un grupo de personas que lo va a controlar? Tomemos el ejemplo del Líbano. Está integrado por varias comunidades.

Su sistema político se basa en criterios religiosos. El Presidente tiene que ser cristiano y el Primer Ministro tiene que ser musulmán sunita. Y el Ministro del Interior tiene que ser druso. En los años setenta u ochenta, un general cuyo nombre no recuerdo movilizó el ejército, se dirigió a la radioemisora y transmitió una declaración en la que decía que el ejército había tomado el poder en el Líbano. Pero en la mañana siguiente, nada había cambiado.

El parlamento mantuvo la misma composición religiosa. El general ni siquiera fue juzgado. Simplemente le preguntaron: “¿Qué le pasa a usted?”. El sistema comunal y religioso es la base del gobierno. ¿Se puede convertir a un cristiano en musulmán o a un musulmán en cristiano? En el Líbano nadie podría pensar en un golpe militar, porque todas las comunidades están representadas en el Parlamento y en el gabinete. Aquí tenemos nuestros Congresos Populares y nuestros Comités Populares.

¿Qué hacemos con los partidos? No tienen cabida en nuestro sistema. Por lo tanto, no hay que darle importancia alguna al partidismo. Nos podemos resistir a él o podemos imponer severas penas. Pero, en verdad, el partidismo ha quedado superado en el mundo entero. Ese viejo modelo de partidos políticos ya no puede expresar la nueva realidad. Todos los viejos modelos, tales como el gobierno de una persona, de un partido o de una familia, han llegado a su fin. No deberíamos estar hablando de los partidos, sino más bien de la necesidad de asegurar la trama de las instituciones sociales. Toda acción, conducta o comportamiento debe asegurarse de no causar daños a esa trama.

Esa es la base misma de todas las constituciones del mundo, incluidas las que aducen ser democráticas. Veamos, por ejemplo, la Constitución francesa. En ella se mencionan los derechos del ser humano y del ciudadano. Para que esos derechos sean respetados, debe preservarse la Constitución. Ninguna acción de un ciudadano francés debe infringir la Constitución. Si usted infringe la Constitución, está condenado a chocar con la sociedad y con todas las instituciones. Podrá ser enjuiciado y encarcelado, y podría afrontar severas penas.

Como dicen ellos, hay que preservar la Constitución. Nosotros decimos que el objetivo de toda acción debe ser la protección de la Jamahiriya, del sistema de masas y del poder popular. Nadie puede infringir las estructuras sociales. También está el principio de la soberanía popular. Esa soberanía es inherente al pueblo y nadie puede ejercerla sin su consentimiento. Nadie puede reclamar la soberanía para sí mismo. En todas las constituciones del mundo se señala que la soberanía pertenece al pueblo y que este la ejerce a través de sus representantes. ¿Por qué habría que ejercerla a través de representantes?

El pueblo puede ejercer la soberanía en forma directa. ¿Por qué se le debe denegar ese derecho en favor de un pequeño grupo de representantes? En nuestro sistema este principio es sacrosanto. Quien lo cuestione estará cuestionando la trama misma de nuestra sociedad y estará causando un daño a nuestras instituciones sociales. Por lo tanto, deberá caer sobre esa persona todo el peso de la ley. En todo el mundo la gente tiene la libertad de hacer lo que desea, siempre que no cause daño a la sociedad. El mismo principio se aplica aquí. Si alguien ataca a la Jamahiriya y al poder popular, está atacando a la institución social toda. Este hecho es incuestionable.

En la Constitución democrática de la República Federal de Alemania se señala que los alemanes gozan del derecho de reunión, sin necesidad de una notificación previa, siempre que la reunión se celebre con calma y que no haya armas. Para las asambleas públicas se requiere una notificación previa. Esto evidentemente implica que ciertas actividades sólo se pueden llevar a cabo de conformidad con la ley alemana, y lo mismo ocurre en otros países democráticos.

El mismo criterio se aplica en Francia. A ningún grupo antirrepublicano se le permitiría organizarse en Francia. Ahora, en algunos países musulmanes, hay gente que está empezando a organizarse y a seguir ciertos rituales. Esto contraviene la ley. Aducen que su forma de seguir el Islam es mejor que la nuestra. Cambian incluso las reglas de la oración. No rezan ni en sus hogares ni en la mezquita. Van a rezar a las plazas públicas. Esto socava todo el sistema religioso de la sociedad.

En el Islam no hay ninguna disposición que permita la adopción de esta forma inusual de oración. Si alguien quiere ayunar durante 40 días, es su decisión. Nadie se lo impedirá ni le impedirá ayunar durante toda su vida si así lo desea. Pero crear un partido o una organización y comenzar a abogar por esta idea es un ataque a los fundamentos de la religión. Es algo inaceptable en cualquier lugar del mundo. En Francia, en Suiza, y sin ninguna duda en Libia. La ley francesa dispone que está prohibido exhibir símbolos religiosos en las escuelas públicas: ni cruz, ni estrella de David, ni velo musulmán.

Dicen que uno puede practicar libremente su religión en su hogar o en un lugar de culto. No es aceptable que se creen distinciones entre las comunidades de una misma sociedad. Uno debe ser visto como francés solamente, y no como seguidor de una u otra religión. Francia no es una mezquita ni una iglesia. Francia es un Estado secular. Cuando alguien preguntó por qué se había prohibido el velo, la respuesta fue: “En la escuela, el maestro debe ser visto únicamente como maestro. El hecho de ser visto como seguidor de determinada religión podría enfrentarlo con los seguidores de otra religión”.

En las instituciones públicas las personas deben ser vistas como franceses, deben guardar la fe para sí mismas y practicarla en sus hogares o en los lugares de culto. De lo contrario, el país quedaría dividido sobre una base religiosa. En Libia, todos somos musulmanes sunitas. ¿Por qué debería alguien adoptar nuevos rituales, nuevas ideas o nuevas marcas distintivas? Eso es inaceptable; socava la sociedad toda. Cualquiera puede pararse en una esquina y pregonar el buen comportamiento y la conducta piadosa. Pero, ¿cuál es el propósito de formar un grupo clandestino y secreto? ¿Es acaso socavar la sociedad toda? Esto es absolutamente inaceptable, en cualquier parte del mundo.

Según su Constitución, los alemanes tienen derecho a formar organizaciones. En la Constitución también se prohíbe formar organizaciones cuyo objetivo sea ilícito, contravenga el sistema de gobierno o destruya la armonía de la sociedad. Esto figura en la Constitución alemana. ¿Puede alguien acusar a Alemania de ser un Estado autoritario o dictatorial? Existe consenso en cuanto al sistema de gobierno de Alemania y a sus instituciones. Nadie está autorizado a socavarlos. Si alguien aboga en favor de la creación de comités revolucionarios para que se encarguen de gobernar Alemania o en favor de la transferencia del poder al pueblo, estará socavando la sociedad y cometiendo un acto ilícito.

Hay otro artículo que es muy claro. Toda persona que abuse de la libertad de expresión con el propósito de socavar las bases del sistema democrático será despojada de esos derechos fundamentales. Incluso una llamada telefónica, si se la utiliza para poner en peligro lo que ellos consideran un sistema democrático libre, llevará a una comparecencia jurídica y a la denegación de derechos constitucionales. Lo que quiero decir es que incluso en los países que se consideran modernos y democráticos existen leyes destinadas a proteger las instituciones sociales y la trama de la sociedad.

Una sociedad es una estructura construida sobre pilares. Nadie tiene derecho a derrumbar uno de los pilares, porque eso hará que se derrumbe toda la estructura. Ningún pretexto religioso, político, económico o ideológico permitiría alterar la estructura básica de la institución. En Alemania está garantizado el carácter confidencial de los contactos, de la correspondencia y de las llamadas telefónicas. No obstante, si alguno de estos medios es utilizado para luchar contra los elementos básicos del sistema democrático libre, la garantía queda sin efecto. La persona queda despojada de esos derechos fundamentales.

Eso significa que su teléfono queda intervenido. Uno podría utilizar el teléfono para cualquier objetivo que desee: acosar a alguien, proferir insultos o incluso robar. Pero si ataca las instituciones sociales, el derecho a la privacidad queda anulado. Hasta las mascotas quedarán intervenidas. El derecho a la propiedad también depende de que se respeten los elementos básicos del sistema democrático libre. Si una persona utiliza su casa, su comercio, su vehículo o su granja con el objetivo de causar daños a la institución social o al sistema de gobierno, perderá ese bien. En los países occidentales a los sospechosos se les implanta un dispositivo de localización electrónico. Están bajo vigilancia en todo momento porque sus actividades ponen en peligro a la sociedad. Incluso los sistemas multipartidistas deben observar estas normas.

Un tribunal puede determinar que un partido es inconstitucional y prohibir sus actividades si su programa constituye una amenaza para el sistema democrático libre o para la existencia de la república. Por lo tanto, en Alemania nadie puede crear un partido político si ese partido es incompatible con el sistema básico del país. En Alemania, si alguien formulara un llamamiento en favor de la regulación o la modificación del sistema de partidos sería acusado de promover la dictadura. Ellos afirman: “Tenemos un orden democrático y constitucional”. Son las dos caras de la misma moneda. La sociedad y sus instituciones son sacrosantas, y no se las puede alterar. Las leyes existen para proteger a la sociedad y para proteger el orden social. El orden que tenemos en Libia es la Jamahiriya del poder popular. La religión es el Islam y la doctrina es el socialismo popular. Esos son los pilares de la sociedad. Está prohibido tratar de perturbarlos o de socavarlos.

En Alemania no se puede crear un partido político por puro capricho. Por ejemplo, en Austria, Haidar creó un partido y de inmediato se le dijo que era un partido de extrema derecha, fascista, y que no se le permitiría llegar al poder. En Francia ocurrió lo mismo. Así pues, si bien hablan de la libertad de formar partidos, al mismo tiempo sostienen que no está permitido crear partidos que alteren el orden establecido. El sistema es libre y democrático, pero no está permitido tratar de destruirlo y reemplazarlo por algo diferente. Tengo la Constitución de Alemania ante mí. Hay otro artículo que se ocupa de la libertad de culto. Esa libertad está garantizada mientras sea compatible con el orden público y con la moralidad. En Suiza está prohibido practicar una religión que contravenga el orden público y la moralidad. En Suiza, donde hay gente que acude a buscar asilo, se adoptan medidas para proteger el orden público y la paz social y para impedir que la Iglesia infrinja los derechos de la población. En Suiza la Iglesia no puede menoscabar los derechos del pueblo ni criticar el orden del Estado. ¿Puede alguien pedir que el alemán sea el único idioma oficial de Suiza? Por supuesto que no, porque en la Constitución se ha estipulado que los idiomas oficiales son el francés, el italiano y el alemán. No se puede establecer ninguna arquidiócesis en territorio suizo sin la aprobación de la Federación. El Gobierno federal establece las normas que rigen la radio, la televisión y otros medios de difusión. La tarea de los medios es educar y entretener a oyentes y televidentes y al mismo tiempo tener en cuenta las características específicas del país y las necesidades especiales de los distintos cantones. Ninguna radioemisora y ningún periódico pueden operar si no tienen en cuenta las características específicas de Suiza. Suiza está integrada por cuatro pueblos que se unieron. El pueblo alemán, el francés, el italiano y el flamenco integran el país. Está prohibido crear una radioemisora que abogue por la independencia de la parte francesa o de la parte alemana. En Suiza los medios de difusión deben respetar el orden público y el carácter de la sociedad. La libertad y la independencia de los medios de difusión están garantizadas dentro de los límites establecidos en el Artículo 1, que acabo de citar. Incluso en Suiza existen límites para los medios de difusión. En Suiza los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos o asociaciones siempre que ninguno de sus métodos u objetivos sea ilegal o constituya una amenaza para el Estado. En las leyes y normas se estipulan las medidas necesarias para impedir la violación de esas disposiciones. En la Constitución de Suiza se menciona la necesidad de disuadir a cualquier persona que pueda amenazar al Estado. Un ciudadano suizo no puede recibir nada de un país extranjero. No puede recibir regalos, condecoraciones ni dinero. Como ciudadano de un Estado, está prohibido visitar ciertos Estados. Todos ustedes han oído hablar del caso de Abdul Rahman Al-Amoudi, un árabe-estadounidense que actualmente está sometido a juicio. Es probable que se lo condene a cien años de prisión porque visitó Libia varias veces. A un ciudadano suizo no se lo puede privar de sus derechos políticos a menos que ponga en peligro la institución social. Algunos tontos del Tercer Mundo van a buscar asilo a Suiza y luego reclaman cosas que son inéditas en ese país. Naturalmente, se los deporta en forma inmediata. Esas personas tienen la falsa ilusión de que se les permitirá socavar las instituciones suizas.

Las relaciones entre Libia y los Estados Unidos han mejorado. Ya no es delito que un ciudadano estadounidense visite Libia. Podrían llegar a reconsiderar el caso de Al-Amoudi, que podría ser condenado a cien años de cárcel. Lo único que hizo fue visitar Libia. No obtuvo armas, ni fundó una radioemisora, ni recibió dinero ni trabajó con los servicios de inteligencia. Simplemente visitó Libia varias veces. ¿Cómo podría un ciudadano de los Estados Unidos visitar un país que le es hostil? Eso lo convierte en un enemigo de su propio país y en un colaborador del enemigo. Saben muy bien que sus visitas fueron pacíficas. Wilson, otro ciudadano de los Estados Unidos del que ustedes habrán oído hablar, fue sentenciado a noventa años de prisión. Vino a Libia y pasó aquí algunos meses. Posteriormente fue secuestrado y sentenciado a noventa años de prisión. Se le preguntó cómo pudo viajar a un país extranjero como Libia y residir en él. Me reuní con los cuatro representantes de Amnistía Internacional, que vinieron aquí, se reunieron con algunas personas y luego me enviaron una carta. Dicen que tenemos que entender que nosotros tenemos una impresión errónea acerca de la labor de su organización. Dicen que sólo leemos los informes de la organización sobre Libia y pensamos que sólo ejercen presión sobre Libia. Dicen que no hemos leído los informes de la organización sobre los Estados Unidos, Suiza, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia, que son miles de veces más críticos. En la carta del Presidente de la organización se señala que Amnistía Internacional no sólo dedica su atención a la cuestión de los derechos humanos en Libia, sino que también está interesada en la aportación que puede brindar Libia en pro del fortalecimiento de las instituciones internacionales y regionales de derechos humanos. Esto significa que quieren que Libia desempeñe un papel al servicio de los derechos humanos en el mundo. ¿Cómo, después de esto, se podría acusar a Libia de cometer violaciones de los derechos humanos? Eso es inconcebible, habida cuenta del hecho de que Amnistía Internacional le está pidiendo a Libia que desempeñe un papel en el plano internacional en defensa de los derechos humanos. Dicen que para poder desempeñar ese papel Libia debe efectuar algunos cambios. Preguntan por qué no hemos ratificado aún la Convención contra la tortura. Nosotros estamos en contra de la tortura. Toda persona que torture a otra debe ser arrestada y debe comparecer ante la justicia. ¿Qué podemos tener contra la Convención? ¿Es posible que un país como Libia se niegue a firmar una convención contra la tortura? Somos los primeros en firmarla. Hay que ponerle fin a la tortura en todas partes del mundo. Nuestra revolución es una revolución mundial en favor de la emancipación y de la igualdad y en favor de que se ponga fin a la injusticia y a la explotación. Seremos los primeros en ratificar todos los tratados e instrumentos que promuevan los derechos humanos. Sostenemos que la base de los derechos humanos es la libertad de ser artífice de su propio destino sin ser gobernado por nadie. Debemos gobernarnos a nosotros mismos sin representación, sin intermediarios, sin gobiernos y sin presidentes. Debemos gozar del fruto de nuestra labor. El trabajador debe ser socio en la empresa. Tenemos que ser socios, y no asalariados. Esos son los verdaderos derechos básicos, y no el derecho a hablar por teléfono, a enviar una carta o a participar en una manifestación.

Le quitan a uno sus derechos y lo despiden de su empleo; entonces uno sale a la calle para manifestarse y entonces dicen que usted está ejerciendo sus derechos. Le ponen grilletes y lo flagelan. Cuando uno comienza a gritar, llaman a eso libertad de expresión. Eso es una parodia de la libertad de expresión. Lo echan a uno de su empleo y luego lo dejan expresar su enojo en las calles. Lo obligan a ir a la guerra, y luego le permiten protestar en las calles. Le dicen: “usted es libre”.

Esa es su libertad de expresión. Pero uno no es libre, porque se lo obligó a ir a la guerra o a perder su empleo. El derecho humano más básico es el carácter sagrado del empleo. El hombre debe ser dueño de gozar del sudor de su frente. Un hombre no puede ser explotado por otro. La sangre de todo ser humano debe tener el mismo carácter sagrado. Por eso nuestro lema es “socios, y no asalariados”.

El fruto del trabajo de una persona debe pertenecerle de manera exclusiva. De esta manera, puede ser el artífice de su propio destino. Usted existe; por lo tanto, debe determinar su propio destino. En el ámbito político, debe hacerlo por sí mismo. Su destino no puede ser determinado por un partido, un particular, un representante o cualquier otra persona. Libia es pionera en la batalla en favor de la emancipación y la liberación y contra la injusticia y la explotación. ¿Cómo se la podría acusar entonces de tener leyes injustas o de mostrarse renuente a ratificar la Convención contra la tortura?

Fuimos los primeros en firmarla. Nos oponemos a la tortura que tiene lugar en Palestina, en el Iraq y en Guantánamo, y por consiguiente respaldamos la Convención. Abrigo la esperanza de que en Libia la pena capital quede confinada a los crímenes más graves. ¿Qué dice el Libro Verde?

La pena de muerte se aplica solamente a aquellos cuya vida constituye una amenaza para la sociedad. Quien se ajuste a esta descripción recibirá la pena de muerte. Espero que la pena de muerte sea abolida en el mundo entero y que nadie tenga la posibilidad de sentenciar a otra persona a muerte, a menos que sea en el campo de batalla. Toda persona cuya vida constituya una amenaza para la sociedad o un peligro para otros debe estar entre rejas. Si alguien anuncia que matará a otra persona en el momento en que la vea, se lo debe encarcelar. Si después de diez años de prisión continúa profiriendo esa amenaza, deberá permanecer en la cárcel en forma permanente. Quienes se hayan erigido en jueces de la fe de otras personas y anuncien su intención de matar a cualquier persona a la que consideren infiel, ¿cómo pueden estar en libertad? Su libertad constituye un peligro y una amenaza para otros.

Se habla mucho acerca del número de presos. También se habla mucho acerca de la prisión de Abu Selim. Quiero que cualquier persona la pueda inspeccionar. Podrán ver por sí mismos que no hay prisioneros de conciencia ni presos políticos en Libia. ¿Por qué debería haberlos?

El poder pertenece al pueblo. Todos pueden expresar sus opiniones en los Congresos Populares. Nadie ha sido enviado jamás a prisión por haber expresado sus opiniones en el Congreso Popular ni por haber convencido a la Conferencia acerca de su opinión. Si una sola conferencia acepta esa opinión, la opinión será derivada a las otras conferencias y luego se convertirá en ley.

Por lo tanto, no hay prisioneros de conciencia en Libia, y nunca podrá haberlos. Uno o dos meses después de la Revolución, algunas personas conspiraron contra ella. Fue necesario promulgar esas leyes especiales para proteger la Revolución. Las circunstancias especiales ya no existen y es necesario revocar esas leyes especiales. Hay actualmente unas 35 personas que han sido condenadas a muerte o a prisión perpetua. Son comunistas, o militares conspiradores, o baathistas o miembros de la Hermandad. Fraguaron su complot pese al hecho de que en los gabinetes de la Revolución siempre hubo ministros pertenecientes a sus filas. Les pedimos que aportaran su contribución a nuestra labor con sus ideologías.

Vean cuál era la composición de los gabinetes antes de que se estableciera el poder del pueblo. Nosotros incorporamos a miembros de los partidos políticos. Consideramos que constituían un grupo políticamente consciente que podía ser beneficioso para nuestra labor. También consideramos que, como grupo políticamente comprometido y dispuesto a afrontar la prisión por sus convicciones, podrían ayudarnos. Luego descubrimos que no tenían nada que ofrecer. Su ideología nacionalista árabe, progresista o comunista carecía de sentido. Sencillamente, no tenían nada. Sus partidos no eran nada más que un instrumento para explotar al pueblo.

Así pues, ¿quiénes están hoy en la cárcel si no hay prisioneros de conciencia? Están presos los criminales, los ladronzuelos, los traficantes de drogas y otros similares. Sólo el grupo que explota la religión está en la cárcel. Se explotó la religión bajo el nombre de los Hermanos Musulmanes. ¿Quién los designó jueces y custodios de las instituciones sociales? No sabemos quiénes son esos Hermanos Musulmanes.

Todos somos musulmanes y todos somos hermanos. No permitimos que nadie siembre dudas acerca de nuestra fe. Oramos, ayunamos y tememos a Dios más que ellos. Quieren formar un partido con el fin de tomar el poder, gobernar al pueblo y vender el país. Son agentes pagados por sectores extranjeros, cualquiera sea el nombre que elijan para ocultar sus verdaderos designios. Ahora se oyen nombres tales como el Ejército de Mahoma y el Ejército de Alí. Usan esos nombres para engañar a los jóvenes y para controlarlos en su búsqueda de poder. Es una falsificación de la religión. Está prohibido explotar la fe islámica, sabotearla o socavar el aspecto espiritual de nuestra sociedad.

En el Libro Verde se señala que la pena de muerte está reservada para aquellos cuya vida constituye una amenaza o un peligro para la sociedad. La pena de muerte se aplica en muchos países del mundo, incluidos los Estados Unidos. Abrigamos la esperanza de que esta pena sea abolida en el mundo entero. En la prisión de Abu Selim se encontraron con algunas personas. Dijeron que eran miembros de la Hermandad Musulmana y que no ejercían la violencia. Dijeron que habían sido encarcelados porque habían fundado un partido secreto. ¿Por qué hicieron eso? ¿A qué lleva la acción clandestina?

En el Libro Verde se prohíbe la acción clandestina. ¿Por qué alguien habría de recurrir a la acción clandestina cuando puede expresar sus opiniones libremente? En Europa no se puede practicar el Islam en forma clandestina. Eso contraviene el orden público. En Europa se invita a todos a pronunciarse y a expresar sus opiniones. Entonces, ¿por qué decidieron actuar en forma secreta?

Dijeron que lo hicieron porque los partidos están prohibidos. Si es así, lo único que hay que hacer es ir al Congreso Popular. Allí se puede pedir la legalización de los partidos. Se puede pedir que se cree un partido denominado la Hermandad Musulmana. Se puede pedir la opinión de los miembros del Congreso Popular. Nadie los castigará. No consultaron a la sociedad ni al Congreso Popular. Decidieron actuar en forma clandestina. Eso demuestra sus malas intenciones. Están sembrando minas en el corazón de la sociedad. Quieren derrocar completamente el orden social.

Eso no es libertad de pensamiento. Eso es conspiración. ¿Hay algún nuevo profeta que haya dicho que quien no se convierta en Hermano Musulmán se irá al infierno? El profeta Mahoma es el último profeta. Él nunca dijo que quien no se sume a cierto grupo se irá al infierno. Esa es una invención de ellos. ¿Quién creó la Hermandad Musulmana? Jamal el-Din Al-Afghani, que no era árabe. Su causa consistía en defender a los musulmanes no árabes. Ser afgano entre los árabes es formar parte de la minoría. Si se reemplaza la palabra “árabe” por la palabra “musulmán”, esa persona ya no pertenecerá a la minoría. Su objetivo era defenderse a sí mismo, y no defender la religión. Quería defender a su minoría. Su llamamiento para abolir la noción de “árabe” y reemplazarla por la de “musulmán” es un llamamiento racista. No fue un llamamiento destinado a Dios. Dios nunca dijo que debíamos convertirnos en Hermanos Musulmanes o afrontar el fuego eterno por ser infieles.

La verdadera herejía es fragmentar la sociedad musulmana. El Corán prohíbe la división de la comunidad en grupos beligerantes. La idea de la Hermandad Musulmana fragmenta la comunidad y la divide entre los Hermanos y los no Hermanos. Eso es inaceptable. Quienes lo proponen están explotando la religión. Pueden explotar sus propios bienes, pero es necesario trazar una línea roja cuando se trata de la religión. Todas estas acciones apuntan a proteger a la sociedad y sus instituciones. Su objetivo no es proteger a algunas personas. Las personas van y vienen, pero la sociedad debe permanecer intacta y debe seguir siendo respetada. Quienquiera que trate de socavarla debe ser castigado. Esto es una norma establecida en Libia, al igual que en Suiza.

Aducen que hubo una masacre en Abu Selim. ¿Qué ocurrió allí exactamente? Esos herejes fueron encarcelados allí. No se los puede tratar en el marco de la ley, porque no reconocen la ley. Se niegan a responder preguntas. Se tapan los oídos con los dedos para no oír las preguntas. No hay manera de razonar con ellos, tal como sucede con los presos de Guantánamo, a los que se consideró parias que deben ser tratados al margen de la ley. ¿Qué hicieron esos herejes?

No reconocen a nadie. A los que no siguen sus principios los consideran apóstatas. Un guardia vino a su celda a darles alimentos. Tenía consigo las llaves de otras celdas. Un día vino a su celda para traerles alimentos y lo mataron, tomaron las llaves, liberaron a los otros herejes, se apoderaron de las armas y emprendieron la fuga. Los guardias pidieron ayuda. Cuando llegó la ayuda, los guardias fueron asesinados y sus cuerpos fueron mutilados, porque los consideran apóstatas.

El contingente que llegó los enfrentó enérgicamente. Algunos murieron y otros escaparon. Posteriormente, algunos de ellos llamaron a sus familiares desde el Afganistán. Eso es lo que ocurrió. ¿Por qué deberíamos ocultarlo? La gente tiene que saber lo que ocurrió. Amnistía Internacional tiene que venir para oír la historia y decidir por sí misma. ¿Por qué acusar a Libia?

Esas personas quebrantaron la ley, y nosotros las tratamos en forma legal. En la prisión recibieron atención médica y se atendieron todas sus necesidades. Mataron al guardia, tomaron las llaves, se apoderaron de las armas, mataron a personas inocentes y huyeron del país. La policía enfrentó la fuerza con la fuerza. Dijeron que sus familiares no sabían lo que había ocurrido. Los familiares tienen que saber. Si tienen un familiar en prisión, tienen que poder verlo. Si no está allí, tiene que haber huido o tiene que haber muerto. Me dijeron que los familiares temen sufrir represalias si tratan de obtener información acerca de los presos. ¿Por qué deberían los familiares ser responsables de las acciones de un criminal?

¿Acaso los criminales les piden permiso a sus familias para actuar de la manera en que actúan? Lo primero que hacen es declarar herejes a los miembros de sus propias familias. Uno de ellos mató a su tío, que lo había criado tras la muerte de su padre. Fue una prueba de lealtad al grupo. Demostró lealtad tomando una escopeta y asesinando a su tío. ¿Cómo puede una familia ser responsable si uno de sus miembros se aparta del camino? ¿Puede responsabilizarse a una familia si uno de sus miembros contrae tuberculosis, o SIDA? Toda familia que tenga un miembro involucrado en esta cuestión debe conocer la verdad.

En sus cartas, Amnistía Internacional siempre se refiere a hechos del pasado y a violaciones del pasado. Eso quiere decir que está investigando cosas que ocurrieron en el pasado y ya finalizaron, y que no quiere que se repitan.

Amnistía Internacional también planteó la cuestión del Tribunal Popular. Preguntó por qué les imponemos a los acusados abogados defensores designados por el tribunal y por qué no pueden contratar sus propios abogados. Dijo que los acusados podrían ser declarados culpables. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por su defensa?

Se trata de una cuestión humanitaria. El Estado debe proporcionarle un abogado a todo ciudadano que no pueda conseguirlo. El ciudadano no tiene por qué gastar todo su dinero para su defensa jurídica. El Tribunal libio es un caso único. En ninguna parte del mundo, desde los Estados Unidos hasta China, podrán encontrar un tribunal que proporcione abogados defensores. El acusado comparece ante un tribunal y sólo ve a personas que están en contra de él: la policía, la fiscalía y el juez que lo sentencia. La excepción es el tribunal de Libia, donde el acusado encuentra un abogado que lo defienda. No obstante, Amnistía dice que el acusado debería tener derecho a designar su propio abogado y a pagarle con su propio dinero. Son los abogados los que siempre plantean esta cuestión y subrayan el derecho del acusado a elegir su propio abogado. No somos tan ingenuos como para creer en este argumento mezquino que aparenta tener en cuenta los intereses de los acusados. Sabemos cuáles son sus motivos. Aparentan hablar de la libertad de elección pero lo que realmente quieren es tener más clientes.

Los abogados quieren que aumente el número de delitos y que haya delitos todos los días, para que la gente recurra a sus servicios y les pague dinero. Un médico que tiene un consultorio privado quiere que aumente el número de accidentes y de casos de enfermedad. La medicina es su actividad y su fuente de ingresos. Si no hay enfermos, ¿qué va a vender el médico?

Lo mismo ocurre con esos abogados. Quisieran que permitiésemos que cada acusado pueda designar diez abogados, no solamente uno. Quieren quedarse con el dinero de los acusados. No es la libertad ni los derechos humanos lo que les interesa. Lo que más les interesa son sus intereses egoístas y la posibilidad de ganar dinero con su profesión. Esa es la verdad. Lo planteo para que todos lo vean. Las mentiras y las falsedades no benefician al pueblo ni al futuro. Sólo la verdad es la base del futuro.

He oído que algunas personas piden que se cree una nueva ley que regule los contactos con los países y medios extranjeros. Piden una nueva ley que estipule severas penas para cualquier descarriado que conspire con un país extranjero o con una radioemisora extranjera contra el sistema de la sociedad de masas. ¿Cómo podemos promulgar una nueva ley y hacer caso omiso de la que ya existe? Hay una ley que es anterior a la Revolución. Es una ley similar a las de otros países del mundo. Mencioné el caso de Abdul Rahman Al-Amoudi. Podría ser sentenciado a cien años de prisión por visitar un país extranjero. No habló por radio, ni criticó a los Estados Unidos ni pidió ayuda a Libia.

Podría sufrir ese duro castigo por el solo hecho de haber efectuado una visita. Wilson también afronta una horrorosa sentencia por el mismo motivo: una visita inocente que no tenía la intención de causar ningún daño a los Estados Unidos. La ley figura en los libros desde 1952. Fue promulgada por los británicos. No es una ley de la Revolución. Cualquier persona que actúe en contra de su país recibe el debido castigo. La crítica siempre se refiere al procedimiento. Los arrestos deben llevarse a cabo de conformidad con el proceso establecido en la ley. Si alguien es acusado de haber cometido un delito, se lo debe tratar de la manera legal y oficial que corresponde. El tribunal podría hallarlo culpable o inocente. Si alguien trata de escapar, ya se trata de una situación completamente diferente. A quienes escaparon de la prisión se les debe responder indudablemente con la fuerza. Eso es lo que sucede en todas partes del mundo. Si uno de esos herejes se coloca un cinturón con explosivos y trata de hacer volar una escuela o una mezquita, ¿cómo se puede enfrentarlo con medios jurídicos? Si trata de cometer un ataque suicida en medio de una calle o intenta abrir fuego contra un autobús repleto de pasajeros, tal como sucede en Argelia, no hay más remedio que dispararle. Eso es un homicidio extrajudicial ineludible. El mundo entero sabe que esas cosas ocurren. Amnistía Internacional no protesta contra esos hechos ineludibles. Los que no actúan de esa manera deben recibir un tratamiento totalmente legal cuando son arrestados.

En una de las constituciones occidentales se señala que se debe enfrentar a cualquier persona que se resista a un arresto. Algunos opinan que los sospechosos deberían ser arrestados a primera hora de la mañana o en las últimas horas de la noche. Eso implica que suponen que la persona va a tratar de escapar. ¿Por qué debería tratar de escapar? Si se la acusa de algo y puede defenderse en el marco de la ley, ¿por qué trataría de escapar? Si trata de saltar por la ventana, naturalmente se le va a disparar. Esa será la reacción en Suiza, en Francia o en Libia. Tenemos que saber lo que ocurre en otros países. El hombre me ha dicho que quiere que Libia esté a la vanguardia de los que defienden los derechos humanos en el mundo. Cuando vean lo que ocurre en otros países y lo comparen con lo que ocurre en Libia, sabrán dónde existe la verdadera injusticia.

Tomemos el caso de cualquier país; el Japón, por ejemplo. La posición de Occidente y de Amnistía Internacional con respecto al Japón es bien conocida. Ya que hablamos de ejecuciones, recordemos que en 2002 fueron ejecutadas en el Japón más de 100 personas. El número de presos que están en el pabellón de los condenados a muerte es mucho mayor. Las autoridades japonesas han seguido llevando a cabo ejecuciones en forma secreta. A los presos no se les permitía siquiera ver a sus familiares en el último momento de su vida. En el Japón las ejecuciones se llevan a cabo durante el receso parlamentario a fin de impedir que el Parlamento debata los casos. El Gobierno del Japón elude la ley al ejecutar a los condenados durante el receso parlamentario. A los presos sentenciados a muerte no se les permite hablar con sus abogados antes de que se cumpla la sentencia. Existen también informes sobre las torturas y los abusos a que las autoridades carcelarias del Japón someten a los presos.

En el Japón todos los aspectos de la vida de los prisioneros están regidos por normas sumamente complejas y crueles. Eso es lo que sucede en las prisiones japonesas. Luego, ellos hablan acerca de un proyecto de ley para la protección de los derechos humanos. El Gobierno del Japón decidió establecer en el ámbito del Ministerio de Justicia un órgano relativo a los derechos humanos. No va a ser un órgano independiente; va a ser un órgano gubernamental.

Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos. Allí se continúa aplicando la pena de muerte. Más de 600 extranjeros estuvieron detenidos en Guantánamo sin acusación ni juicio. No se les permitió ponerse en contacto con sus abogados ni con sus familias. Los Estados Unidos se negaron a reconocerlos como prisioneros de guerra. Tampoco permitieron que los tribunales determinaran su condición, que es lo que se requiere en virtud de los Convenios de Ginebra. Existe preocupación en cuanto a las personas a las que los Estados Unidos han detenido fuera de su territorio. Algunos de ellos están detenidos en lugares no revelados y en centros secretos. Después del 11 de septiembre miles de personas fueron detenidas y transferidas a distintas autoridades. Amnistía Internacional criticó al Gobierno de los Estados Unidos por el hecho de haber denegado derechos internacionalmente reconocidos.

Expresó su profunda preocupación ante el tratamiento que esas personas reciben de las autoridades de los Estados Unidos. Los prisioneros estuvieron esposados y engrillados durante las 22 horas que duró el vuelo a Guantánamo. Se los obligó a utilizar guantes que impedían el movimiento de los dedos. También se los obligó a utilizar tapones para los oídos, máscaras y gafas de esquí cubiertas con cinta adhesiva que bloqueaban totalmente la visión. Les afeitaron la cabeza y la barba. Imaginen la tortura que padecieron las personas que fueron transferidas a Guantánamo. Los Estados Unidos ya no pueden hablar de derechos humanos ni de injusticia en ningún país del mundo. Amnistía Internacional también considera que los tribunales especiales creados por los Estados Unidos, que tienen la facultad de dictar sentencias de muerte, constituyen una violación de las normas básicas de un juicio imparcial. Las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos mataron a 16 habitantes de una aldea en el Yemen.

Algunos de los cadáveres fueron hallados con las manos atadas a la espalda. Se informó de que durante el ataque las fuerzas estadounidenses detuvieron a 27 habitantes de la aldea. Les cubrieron la cabeza, les vendaron los ojos, los ataron con sogas y los llevaron por vía aérea a la base de los Estados Unidos situada en Kandahar. Amnistía Internacional no recibió de las autoridades de los Estados Unidos una respuesta a sus preguntas relativas a esas violaciones.

Según The Washington Post, los funcionarios de la CIA utilizan la presión física y la coerción cuando interrogan a los detenidos. Entre los métodos mencionados en el periódico figuran permanecer de rodillas o de pie durante lapsos prolongados, privar a la persona del sueño y mantener las luces encendidas durante las 24 horas del día. Estos son ejemplos de maltrato y de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos.

Se ha informado de que los funcionarios policiales y correccionales utilizan pistolas paralizantes de alto voltaje contra detenidos y prisioneros y que ese uso ha provocado muchas muertes. Sólo los Estados Unidos poseen esa nueva tecnología, que aún no ha llegado al Tercer Mundo. Los departamentos de policía de los Estados Unidos asignan grandes cantidades de pistolas paralizantes de alto voltaje a sus oficiales. Se teme que ha de aumentar el número de muertes ocasionadas por descargas eléctricas.

Una persona que aparece mencionada en ese informe señaló que la policía de Florida utilizó la pistola paralizante contra él 12 veces. Otra persona murió. Según el informe de la autopsia, la muerte se debió a la inmovilización producida después de un envenenamiento agudo. Un hombre desarmado y con las facultades mentales alteradas murió sofocado después de haber sido inmovilizado por la policía de Maryland. En 2002 fueron ejecutados 69 hombres y 2 mujeres, con lo que el número total de ejecuciones asciende a 280. Los Estados Unidos siguen violando las normas internacionales relativas a la pena de muerte por medio de prácticas tales como la ejecución de personas que tenían menos de 18 años de edad en el momento en que se produjo el crimen y de personas que no cuentan con la suficiente representación legal. En el Estado de Texas se ejecutó a una persona por un crimen cometido a los 17 años de edad. Los Estados Unidos han desmentido esos informes.

Pasemos ahora a Suecia. Nadie puede aducir que Suecia es un país del Tercer Mundo. Según el informe de Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos ha expresado su preocupación ante varios casos en los que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía sueca produjo la muerte o heridas graves. El Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas, también expresó su preocupación ante varios casos en que se produjo la muerte como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales y carcelarios de Suecia mientras la persona estaba bajo custodia. En Suecia se llevaron a cabo manifestaciones contra la mundialización. La investigación de las acciones de los manifestaciones llevó a que se acusara de desórdenes a 58 personas, algunas de las cuales recibieron prolongadas sentencias. Antes del juicio se las mantuvo en confinamiento solitario durante prolongados lapsos. No se les permitió un pronto acceso a sus abogados. Se consideró que la policía había sido inocente. Las autoridades ahora están apelando el veredicto de inocencia.

Hay informes según los cuales la policía de Suiza maltrata a los detenidos y utiliza contra ellos una fuerza excesiva. Una mujer fue detenida junto con su bebé de cinco semanas de edad como consecuencia de una discusión relativa a un billete de autobús. La policía de Ginebra la atacó físicamente. Fue sometida a un cacheo en presenc